30/7/10
ENTREVISTAS ENTORNO A LA I Cumbre México-CARICOM
11/3/10
Nahui Ollin
Documental sobre la vida de Carmen Mondragón (Nahui Ollin), hecho en 1995 en la UDLA-Puebla por Javier Méndez y Ana Franca Álvarez.
10/3/10
Cae PIB En Mexico En 6.8% En 2009 - La Peor En 77 Años NOTICIAS MVS
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50'5 millones de pobres en México, 6 millones más que en 2006
ECONOMÍA Y POLÍTICA EN MÉXICO
Economía y politica.
Este programa plantea la relación entre la economía campesina y los modelos de intervención del estado mexicano y las políticas globales en el campo. En aras de las ventajas comparativas y el libre mercado, estas políticas tienden a marginar a los campesinos pobres, a expulsarlos de sus campos como mano de obra barata, a ampliar la dependencia alimentaria aumentando las importaciones y en el caso del maíz a introducir cada vez más maíz transgénico poniendo en peligro la diversidad del maíz mexicano y socavando nuestra soberanía alimentaria. El programa da cuenta de la respuesta campesina ante esta situación. Contiene entrevistas a productores campesinos y una larga entrevista al ingeniero Víctor Suárez realizada en el programa radiofónico Del campo y de la ciudad.
Duración: 28 min.
Dirección y Realización
Marco Antonio Díaz León
Producción
Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
Post-producción
Museo Nacional de Culturas Populares
Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
Este programa plantea la relación entre la economía campesina y los modelos de intervención del estado mexicano y las políticas globales en el campo. En aras de las ventajas comparativas y el libre mercado, estas políticas tienden a marginar a los campesinos pobres, a expulsarlos de sus campos como mano de obra barata, a ampliar la dependencia alimentaria aumentando las importaciones y en el caso del maíz a introducir cada vez más maíz transgénico poniendo en peligro la diversidad del maíz mexicano y socavando nuestra soberanía alimentaria. El programa da cuenta de la respuesta campesina ante esta situación. Contiene entrevistas a productores campesinos y una larga entrevista al ingeniero Víctor Suárez realizada en el programa radiofónico Del campo y de la ciudad.
Duración: 28 min.
Dirección y Realización
Marco Antonio Díaz León
Producción
Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
Post-producción
Museo Nacional de Culturas Populares
Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
27/2/10
LA CIUDAD QUE QUEREMOS: Denise Dresser Guerra
Denise Dresser Guerra*
La ciudad que queremos
La ciudad que queremos
La ciudad que somos. Revelada en un diagnóstico de derechos humanos que descubre algunos avances y muchos retos. Un panorama de derechos poco reconocidos y, por ello, poco protegidos. La persistencia de brechas entre la retórica sobre los derechos humanos y su promoción real.
La ciudad que somos, marcada cotidianamente por la ausencia de condiciones para vivir dignamente. Donde un jefe de Gobierno demuestra mucha mayor sensibilidad ante el tema que sus predecesores, pero donde los derechos de la ciudadanía todavía no son el punto de partida de la actuación gubernamental.
Donde las políticas públicas no se elaboran en función de compromisos internacionales sino como resultado de agendas de grupos de presión.
Donde, con demasiada frecuencia, importa más el poder de los grupos corporativos que el derecho de los individuos.
Donde, con demasiada frecuencia, las autoridades toman decisiones en función de una agenda política, mas no de una agenda democrática.
La ciudad que somos: más de un millón de personas viviendo en una situación de marginación; más de un millón de personas sin acceso contínuo al agua potable. Una ciudad en la que apenas un tercio de la población entre 18 y 29 años estudia. Una ciudad en la que sólo 64 de los 224 jueces y magistrados encuestados en el marco del Diagnóstico usa los tratados internacionales de derechos humanos. Una ciudad donde, en promedio, una de cada dos personas que tiene contacto con la autoridad de prevención de delito o de procuración de justicia sufre algún tipo de abuso. Una larga lista de agravios ante los cuales el gobierno comienza a usar el lenguaje de los derechos pero aún le falta darles plena vigencia.
Y de allí la importancia del Diagnóstico para sacudir, sensibilizar, educar, facturar los incumplimientos y evidenciarlos. Para que los tres niveles de gobierno comiencen a ver la protección de los derechos humanos no como una concesión que se da, sino como una obligación que se cumple.
Allí, en un horizonte que alcanza a vislumbrarse en este Diagnóstico, está la ciudad deseada. Será un lugar de derechos reconocidos, será una casa construida por quienes establecen y respetan reglas para habitarla; será la consagración del anhelo colectivo. En la ciudad que queremos habrá derechos ciudadanos y responsabilidades gubernamentales. Existirá el derecho a hablar y a guardar silencio, a marchar y a quedarse en casa, a ser protegido por la ley y a prosperar en su imperio. Como dice el Diagnóstico: para ello habrá que capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos.
En la ciudad que queremos los derechos humanos no serán un regalo otorgado sino una posesión reconocida. Día a día el gobierno asegurará la posibilidad de ser iguales o diferentes, de pensar lo mismo o de manera distinta. Y existirá una libertad cuya esencia es la participación en el poder; el poder para hablar y ser escuchados, para exigir y ser atendidos, para disentir y ser respetados. Aseguraremos la libertad –como diría George Orwell– para decirle a quienes gobiernan lo que no quieren oir. Pelearemos por la capacidad ciudadana de hacernos responsables del Distrito Federal y su destino. Para que ello ocurra será indispensable, como sugiere el Diagnóstico, garantizar que las políticas públicas se sustenten cabalmente en un enfoque de derechos humanos.
En la ciudad que nos urge crear, la pobreza no será una variable residual sino una preocupación central. Tomaremos acciones políticas y económicas para erradicarla, no sólo para aliviarla. Comprenderemos que ser pobre en México significa vivir en la ansiedad perpetua, en el hostigamiento permanente. La pobreza desmoraliza, llena de vergüenza, vuelve a los hombres invisibles. Declararemos una guerra incondicional y sin tregua contra ella. Tendremos la voluntad de hacerlo. Para que ello ocurra, como argumenta el Diagnóstico, habrá que mejorar la coordinación entre el gobierno federal y la zona metropolitana y diseñar políticas públicas integrales enfocadas a grupos de población específicos.
En la ciudad que queremos no habrá secretos guardados, información oculta, datos destruidos, contratos de segundos pisos reservados. No percibiremos la información como una concesión gubernamental sino como un derecho humano. La información será la moneda de nuestra democracia. La transparencia no será algo que el poder pueda conceder sino algo que el poder no pueda quitar. El gobierno tendrá la obligación –y la capacidad– de proveer respuestas para las preguntas que todavía no hemos hecho. Será imposible decir “no” a algún ciudadano que pida información sobre la gestión del delegado. Será imposible decir “no” a algún periodista que quiera saber el sueldo de un funcionario público. Será imposible decir “no” a quien desee saber cómo se asignan los gastos gubernamentales. Será imposible usar la opacidad para inhibir la transparencia.
La información será concebida como un vehículo de comunicación entre los ciudadanos y su gobierno; como parte del derecho al diálogo entre ambos. La información será el mejor antídoto contra la corrupción. Habrá un círculo virtuoso de vigilancia y a todos nos tocará –diariamente– jalarle la toga al emperador. Para que ése círculo funcione, será imperativo, como presenta el Diagnóstico, crear espacios efectivos para la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas sobre derechos humanos.
En la ciudad que queremos el Poder Judicial será y se comportará como el vigilante de derechos y no como la instancia que los ignora. En esa ciudad por venir nuestros jueces protestarán contra la injusticia, defenderán a las víctimas, retarán las verdades establecidas. Serán voces de la conciencia. No se conformarán. Su deber moral será dual: entender la verdad y luchar por la justicia. En la ciudad que alcanzamos a ver, el privilegio no saboteará a la justicia. La ley se aplicará sin distinción de raza o clase o etnia o dinero. No será producto del tráfico de influencias, la presión de la opinión pública, o la conciliación de intereses políticos. El espíritu de la justicia se encontrará en cada corazón, en cada decisión, en cada Ministerio Público, en cada policía. La ley será un rasero universal y no un instrumento discrecional. Para ello, como insiste el Diagnóstico, habrá que modificar la tendencia inquisitorial del sistema penal.
La ciudad que queremos será una verdadera democracia: los hombres tendrán sus derechos y nada más; las mujeres tendrán sus derechos y nada menos. La violencia contra ellas será considerada como un crímen y no una respuesta merecida. Tendrán el derecho a preguntarse“¿quién soy?” Tendrán el derecho a elegir y ser elegidas, a votar y ser votadas, a ocupar puestos y a supervisar a quienes los ocupan. Serán la mitad de la población y deberán ser la mitad de la Asamblea. Deberán ser juzgadas como individuos y no como miembros de una clase, una cuota, una función social. En la ciudad que esperamos, las mujeres cargarán con la mitad del cielo y serán reconocidas por ello.
En la ciudad que podemos construir apoyaremos líderes no para regir sino para servir. Les entregaremos nuestra confianza para que representen nuestros intereses. Los jefes de gobierno no serán figuras totémicas sino inquilinos sexenales; los asambleístas no serán personajes omnipotentes sino recipientes temporales. Les delegaremos nuestra voluntad y los haremos responsables de acatarla. Tendremos derecho a vigilar cada paso que den y cada peso que gasten; tendremos derecho a vigilar cada decisión que tomen y la forma de instrumentarla; tendremos derecho a vigilar cada promesa de campaña y si la han cumplido. Vivirán sitiados por los ciudadanos a los cuales han aspirado a gobernar. Porque como reitera el Diagnóstico, habrá que cambiar el paradigma prevaleciente: aquel donde quien detenta el poder lo usa a conveniencia y no para cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, en la ciudad que queremos, el gobierno entenderá los derechos humanos como una obligación codificada por el derecho internacional y los tratados nacionales y aprenderá a guiarse por ellos. Reconocerá que le corresponde no sólo darle cosas a la ciudadanía sino también cuidar y vigilar y promover al ciudadano como sujeto. Entenderá que más allá de lo establecido en el artículo 1o de la Constitución Política de México, la labor del gobierno no es sólo “otorgar garantías” sino también reconocer derechos ciudadanos. Y por ello, habrá pistas de hielo y museos nómadas y playas para nadar y también habrá acciones comprometidas del gobierno en favor de los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen.
En la ciudad con la cual soñamos, sabremos que la voluntad política de las autoridades sentadas aquí hoy se encamina a que gane el ciudadano y no el partido, el proyecto o el candidato o el movimiento. Y en ese momento, el Distrito Federal se convertirá –efectivamente– en la región más transparente del aire.
* Consejera de la CDHDF. Palabras pronunciadas por la autora durante la presentación delDiagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, el 7 de mayo de 2008.
Decálogo plus
Denise Dresser
Denise Dresser
Lo que quisiéramos oír de Felipe Calderón, más allá de lo que dijo:
1) “Lo que propongo es concentrar la fuerza y los recursos del Estado en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza”. Y para ello convertiré la promoción del crecimiento económico en mi primera prioridad. Debo reconocer que hasta ahora no lo ha sido. Más bien, como gobiernos anteriores, he buscado asegurar un grado mínimo de avance para mantener la estabilidad política, pero sin alterar la correlación de fuerzas existentes, sin atacar los problemas estructurales de la economía mexicana, sin desmantelar el andamiaje de privilegios y protección que caracteriza al capitalismo oligopólico y estatista. He insistido en darles cosas a los pobres a través de programas como Procampo, en vez de generar condiciones de dinamismo económico y movilidad social que les permitirían dejar de serlo. Pero a partir de ahora me abocaré a atacar las causas de la pobreza, en lugar de seguir promoviendo políticas clientelares y compensatorias que sólo palian sus efectos.
2) “Lograr una educación de calidad”. Y para ello debo superar el marasmo de intereses e inercias ante los cuales yo mismo he sucumbido, al promover -como lo he hecho- la alianza con Elba Esther Gordillo, ya sea por agradecimiento o por temor. He permitido que ella siga imponiendo los términos de la relación; he permitido que ella siga obteniendo recursos y puestos y posiciones sin comprometerse a cambio con la reforma educativa que México necesita con urgencia. Me he convertido en un Presidente más que prefiere rendirse ante La Maestra y pagarle al SNTE por encima de transformar la educación. Reconozco mi falta de visión y me exhorto a entender que para modernizar a México tendré que repensar la complicidad constante entre el sindicato y el gobierno, para así crear mexicanos dinámicos, emprendedores, educados, meritocráticos, productivos y competitivos porque la educación pública les permite serlo.
3) “Una reforma profunda de las finanzas públicas”. Durante décadas el gobierno ha usado el ingreso del petróleo para darse a sí mismo lo que no puede o no necesita recaudar. Ha canalizado las rentas petroleras a demasiadas clientelas en la burocracia, en los sindicatos, en los partidos políticos. Mi propio gobierno y el PAN han perpetuado el paradigma priista que ve los puestos públicos como sitios para la promoción del patrimonialismo; lugares desde dónde obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos y promover la imagen personal. Durante los últimos nueve años, no hemos buscado romper con la visión del gobierno como distribución del botín. No hemos combatido a fondo la canibalización del país por la protección constante de prebendas y “derechos adquiridos” y pactos corporativos. Para que México avance tendré que asumir el compromiso de racionalizar y transparentar el gasto público antes de exigir nuevos impuestos.
4) “Una reforma al sector de telecomunicaciones”. Mi predecesor Vicente Fox acabó cediendo tanto poder a las televisoras chantajistas y a los monopolistas abusivos que ahora el gobierno vive acorralado por esas “criaturas del Estado” que engendró. La concentración del poder en monopolios y duopolios con demasiada frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favorecen intereses particulares. La crisis tan sólo exacerba los problemas persistentes en un sector clave: regulación ineficaz, consumidores expoliados; medios impunes, políticos doblegados; poder concentrado, democracia puesta en jaque; poca competencia, baja competitividad, y un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido ahora vive aterrorizado por ellas. Por ello empezaré a reformar y a regular y a abrir en nombre del interés público. Mandaré señales inequívocas de cómo voy a desactivar esos “centros de veto” que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. Y lo haré mediante la creación de una tercera cadena de televisión, con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con la sanción a quienes violen los términos de su concesión, con la promoción de una política agresiva de competencia que ayude a contener a los que hoy bloquean la modernización del país.
5) “Tenemos que cambiar a México”. Y para ello es imprescindible que cambie yo. Porque durante los últimos tres años me he inclinado por los pequeños pasos en lugar de asumir las transformaciones que México necesita. He promovido la lógica de los cambios posibles, limitados por mis propios cálculos políticos, por encima de la lógica de los cambios de fondo. He administrado las inercias en vez de romper con ellas. Es hora de dejar atrás mi miedo. Es hora de que yo asuma los riesgos y los costos en que no he querido incurrir. Es hora de que yo mismo alce las miras y vea más allá del pragmatismo minimalista que ha sido el sello de mi gestión. Quiero ser - ahora sí- el Presidente que puso por encima de cualquier interés particular el interés de México.
Reforma en favor de los ciudadanos: del sufragio efectivo a la democracia efectiva
En una colaboración especial, el presidente Felipe Calderón detalla los 10 puntos de su iniciativa. Llama a impulsar entre todos los sectores de la sociedad los cambios profundos que el país requiere.
Es la primera colaboración de Felipe Calderón para los medios de comunicación.
Es la primera colaboración de Felipe Calderón para los medios de comunicación.
La construcción del México actual ha demandado durante muchos años del esfuerzo participativo de todos los mexicanos. Hoy tenemos una democracia en la que todos podemos expresarnos, participar, opinar y votar con libertad. Es momento de traducir esa democracia vibrante y plural en instituciones más eficaces, que faciliten la construcción de acuerdos para impulsar las decisiones y las reformas que requiere México.
Los procesos electorales y su regulación han estado sometidos a una revisión y evolución constantes. Quizá el mayor de los esfuerzos de los gobiernos, partidos y legisladores se ha centrado en la revisión de los temas electorales. Es mucho lo que se ha avanzado y mucho lo que falta por hacer para que la equidad caracterice todos los procesos electorales a satisfacción general de los votantes y partidos políticos. Sin embargo, la democracia no se agota en lo electoral. También requiere de un constante perfeccionamiento de las instituciones y los poderes, a fin de hacerlos cada vez más funcionales y útiles para resolver los problemas de los ciudadanos.
Si bien es cierto que, aun con imperfecciones e insuficiencias, “los votos cuentan y se cuentan”, como era la aspiración de todos los que durante décadas luchamos por lograr la transición democrática en el país, todavía queda mucho por hacer para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones democráticas, y que la democracia misma resulte útil y eficaz al ciudadano. Nuestra democracia aún está lejos de expresar y representar plenamente la voz y el sentir de los ciudadanos en decisiones de leyes y políticas públicas, así como de resolver aquellos problemas que sólo pueden atenderse a través de la participación política. Tenemos que pasar del “sufragio efectivo” a la “democracia efectiva”.
Precisamente con ese espíritu presenté al Congreso de la Unión, en diciembre pasado, una iniciativa de reforma política, que forma parte del decálogo de cambios de fondo para transformar a México que propuse a los mexicanos con motivo de mi Tercer Informe de Gobierno. La reforma propuesta tiene como punto de partida un hecho innegable: los ciudadanos están insatisfechos con la política y con los políticos.
A lo largo de los últimos años, y en particular durante el proceso electoral de 2009, la sociedad manifestó su descontento y frustración con la política de diversas maneras. Muchos ciudadanos optaron por abstenerse de votar o por anular su voto. Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente. Los ciudadanos quieren ser escuchados y tomados en cuenta. Quieren participar de manera más activa en la construcción de un México más justo, más democrático y más representativo.
Los políticos no podemos ignorar esa exigencia ni prestar oídos sordos a tales reclamos y señalamientos. Tenemos que encontrar la forma de ampliar los canales de participación ciudadana en las decisiones colectivas. Política y ciudadanía están en México terriblemente disociadas. La paradoja es que, incluso en su raíz etimológica, política y ciudadanía tienen el mismo significado. Política deriva del griego “polis” y ciudadanía del latín “civitas”, y en ambos casos el significado es ciudad. El reto democrático en México es acercar la política a la ciudadanía y viceversa. Por eso, la iniciativa que he presentado al Congreso busca ampliar tanto las vías de participación ciudadana como los derechos políticos de los ciudadanos a través de diez propuestas.
Primero, la elección consecutiva de alcaldes y jefes delegacionales. Con ésta se fortalecerá la rendición de cuentas, ya que los alcaldes en busca de ser electos nuevamente tendrán que justificar a plenitud sus acciones ante los ciudadanos, quienes a través de su voto podrán premiar o castigar su desempeño. Es en el ámbito local donde el principio de elección consecutiva tiene un mayor beneficio para el ciudadano, ya que otorga a los votantes una forma efectiva de manifestar su desaprobación con gobernantes que no les han cumplido y de premiar a quienes han tenido una buena gestión. Tiene una ventaja adicional, que es permitir la formación de administraciones públicas municipales más estables y experimentadas, con capacidad de planeación y ejecución de largo plazo, desde obras de infraestructura hasta depuración y fortalecimiento de cuerpos policiacos. El límite propuesto es de 12 años como máximo de permanencia en el cargo.
Segundo, la elección consecutiva de legisladores federales. Ésta permite a los ciudadanos decidir, con su voto, si los legisladores han actuado verdaderamente como sus auténticos representantes y en beneficio de la nación. Se fortalece así la capacidad ciudadana de vigilar, evaluar y castigar o premiar el trabajo de sus diputados y senadores, y crea un incentivo para que tengan que “volver a su distrito” a rendir cuentas, quizá uno de los mayores reclamos populares. Si quieren ser electos nuevamente, deben explicarle a los electores lo que hacen y convencerlos de que cumplen su trabajo y de que con ellos los ciudadanos están bien representados. En la elección consecutiva radica un verdadero poder del ciudadano: el dejar en sus manos no sólo si permanece o se retira de su cargo un diputado, un senador o un alcalde, sino inclusive si continúa o termina de una vez su carrera política. A la vez, eleva la profesionalización y el conocimiento de los temas que abordan los legisladores en beneficio de la sociedad. La propuesta también acota la elección consecutiva a 12 años como máximo.
Tercero, la reducción del número de integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Esto permite atender dos demandas de la sociedad: mayor eficiencia en el trabajo legislativo y un uso más racional de los recursos públicos asignados a este Poder, que ha sido uno de los mayores reclamos de la ciudadanía. Adicionalmente, propongo que en la elección de senadores sean los propios ciudadanos a la hora de votar, y no los partidos políticos, los que decidan el orden de prelación entre los candidatos de un partido para entrar a la Cámara de Senadores. Es decir, que en la boleta se pueda votar por los propios candidatos y no sólo por el partido que los postula.
Cuarto, la propuesta de aumentar el mínimo de votos necesarios para que un partido político conserve su registro y tenga acceso al financiamiento público. Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos.
Quinto, la iniciativa ciudadana. Se trata de que los ciudadanos puedan incidir directamente en el proceso legislativo, ya que tendrán la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso sobre los temas que son de su interés. De esta manera, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos podrá ir más allá de la mera elección de autoridades, fortaleciendo el proceso democrático.
Sexto, candidaturas independientes. Se trata de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado. Como ocurre en muchas democracias en el mundo, esto permitirá que en México se fortalezca la participación activa y directa de los ciudadanos en la política. En última instancia, la iniciativa busca que los partidos hagan un mayor esfuerzo por responder a las demandas de la gente, además de generar competencia entre los partidos políticos por postular a los mejores ciudadanos como candidatos.
Séptimo, segunda vuelta para la elección de Presidente de la República. Así se asegura que resulte vencedora la opción que tenga el apoyo mayoritario de los ciudadanos. También es una ampliación de los derechos de los ciudadanos porque les da a éstos una segunda oportunidad para elegir Presidente. En la primera vuelta, el ciudadano escoge al candidato de su preferencia, como ocurre hasta ahora. Pero si ese candidato no tenía viabilidad de triunfo por falta de apoyo del resto de los votantes, el elector tiene una nueva posibilidad de elegir entre los dos más fuertes, entre los dos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta, y en consecuencia volver a decidir entre quienes sí tenían posibilidades de ganar. En sistemas multipartidistas como el mexicano, la segunda vuelta permite un proceso más ordenado y sucesivo de opciones para el ciudadano, y evita situaciones de dispersión del voto en una elección tan importante. Por otra parte, al estar asociada la segunda vuelta presidencial con la elección de Congreso, aumenta la probabilidad de formación de mayorías y de grupos parlamentarios fuertes en el gobierno y en la oposición.
Octavo, los ciudadanos demandan un sistema de justicia más eficaz. Por eso, la reforma propone fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole la atribución de presentar iniciativas de ley exclusivamente en el ámbito de su competencia. La Suprema Corte tendrá así mayor capacidad para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, en beneficio de todos los mexicanos.
Noveno, iniciativa preferente y referéndum. Con la iniciativa preferente se busca agilizar la respuesta del Congreso a las reformas que son más urgentes para la sociedad, porque si algo daña a los ciudadanos es la falta de decisión de su representación política. Se busca que el Ejecutivo pueda proponer hasta dos iniciativas cada año legislativo, al inicio del primer periodo ordinario de sesiones, de manera que estas iniciativas, de la mayor trascendencia para el país, necesariamente tengan que ser votadas, en favor o en contra, por el Congreso y no puedan ser enviadas a la llamada congeladora. No se trata de imponer al Congreso una propuesta específica, sino de garantizar que cuando menos la discuta y la vote, en cualquier sentido, pero que decida. Así, el ciudadano podrá evaluar el sentido del voto de sus representantes y premiar o castigar a los partidos y a los legisladores por la manera en que votan. La iniciativa preferente existe en muchos países, permite ordenar y jerarquizar la agenda nacional de acuerdo con los temas más importantes. Además, se propone la posibilidad de someter las iniciativas de reforma constitucional a un referéndum en caso de que el Congreso no se pronuncie sobre ellas. Así, se obliga al Congreso a asumir la responsabilidad de aprobar o rechazar propuestas concretas y se devuelve al ciudadano el poder que le corresponde para impulsar cambios legislativos por encima de intereses partidistas o de grupo, a través del referéndum.
Décimo, los ciudadanos se beneficiarán de una relación más equilibrada y productiva entre los poderes de la Unión, derivado de la facultad del Ejecutivo Federal para presentar al Congreso observaciones parciales o totales a los proyectos de Ley aprobados, así como al Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto dará certeza al funcionamiento de las instituciones del Estado y evitará riesgos en la conducción de las finanzas públicas del país, en beneficio de todos los mexicanos. Se trata de que quienquiera que gobierne pueda oponerse no sólo a la totalidad de un proyecto de ley o presupuesto, como ocurre hasta ahora, sino a puntos específicos que puedan ser de enorme riesgo para el país y sin comprometer la vigencia del ejercicio fiscal correspondiente. Obviamente, si el Congreso insiste por la mayoría que establece en la Constitución, prevalece la opinión del Congreso.
En suma, esta iniciativa busca crear una nueva relación entre la sociedad y sus autoridades, entre los tres Poderes de la Unión y entre los distintos órdenes de gobierno. En los próximos días, el Congreso de la Unión estará discutiendo y analizando de manera responsable éstas y otras propuestas. Por eso, es fundamental que los ciudadanos se sumen al debate sobre la iniciativa de reforma política; es imprescindible que la voz de la sociedad se exprese con claridad y contundencia.
Como toda iniciativa, la que hemos presentado es perfectible. Y por eso resulta muy positivo que diversos actores políticos, académicos y de la sociedad civil estén planteando algunas propuestas que enriquecen el debate. Todas ellas son bienvenidas, porque la iniciativa que hemos enviado al Congreso puede y debe mejorarse con el contraste plural de ideas y de proyectos.
Por eso, el gobierno federal ha estado convocando a la participación de los ciudadanos y sus organizaciones al debate sobre la reforma política y así lo seguirá haciendo durante las próximas semanas. Para la sociedad, la iniciativa de reforma política en favor de los ciudadanos representa la oportunidad de convertir la insatisfacción en participación. Ésta no puede ser una reforma elaborada, discutida y aprobada únicamente por los políticos, por los partidos y los gobernantes. Es imprescindible escuchar la voz de los ciudadanos, en especial porque se trata de ampliar sus derechos y espacios de participación política.
Por eso, invito a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política en los diferentes foros de expresión y opinión que se están estableciendo.
Los ciudadanos son los verdaderos actores de la reforma política. En este Año de la Patria abramos a todos los ciudadanos el debate, impulsemos entre todos los cambios profundos que el país requiere. Pasemos del sufragio efectivo a la democracia efectiva. La reforma en favor de los ciudadanos busca ese propósito.
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