LA CIUDAD QUE QUEREMOS: Denise Dresser Guerra

Denise Dresser Guerra*
La ciudad que queremos

La ciudad que somos. Revelada en un diagnóstico de derechos humanos que descubre algunos avances y muchos retos. Un panorama de derechos poco reconocidos y, por ello, poco protegidos. La persistencia de brechas entre la retórica sobre los derechos humanos y su promoción real. 

La ciudad que somos, marcada cotidianamente por la ausencia de condiciones para vivir dignamente. Donde un jefe de Gobierno demuestra mucha mayor sensibilidad ante el tema que sus predecesores, pero donde los derechos de la ciudadanía todavía no son el punto de partida de la actuación gubernamental. 

Donde las políticas públicas no se elaboran en función de compromisos internacionales sino como resultado de agendas de grupos de presión. 

Donde, con demasiada frecuencia, importa más el poder de los grupos corporativos que el derecho de los individuos. 

Donde, con demasiada frecuencia, las autoridades toman decisiones en función de una agenda política, mas no de una agenda democrática.

 La ciudad que somos: más de un millón de personas viviendo en una situación de marginación; más de un millón de personas sin acceso contínuo al agua potable. Una ciudad en la que apenas un tercio de la población entre 18 y 29 años estudia. Una ciudad en la que sólo 64 de los 224 jueces y magistrados encuestados en el marco del Diagnóstico usa los tratados internacionales de derechos humanos. Una ciudad donde, en promedio, una de cada dos personas que tiene contacto con la autoridad de prevención de delito o de procuración de justicia sufre algún tipo de abuso. Una larga lista de agravios ante los cuales el gobierno comienza a usar el lenguaje de los derechos pero aún le falta darles plena vigencia.

Y de allí la importancia del Diagnóstico para sacudir, sensibilizar, educar, facturar los incumplimientos y evidenciarlos. Para que los tres niveles de gobierno comiencen a ver la protección de los derechos humanos no como una concesión que se da, sino como una obligación que se cumple.

Allí, en un horizonte que alcanza a vislumbrarse en este Diagnóstico, está la ciudad deseada. Será un lugar de derechos reconocidos, será una casa construida por quienes establecen y respetan reglas para habitarla; será la consagración del anhelo colectivo. En la ciudad que queremos habrá derechos ciudadanos y responsabilidades gubernamentales. Existirá el derecho a hablar y a guardar silencio, a marchar y a quedarse en casa, a ser protegido por la ley y a prosperar en su imperio. Como dice el Diagnóstico: para ello habrá que capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos.

En la ciudad que queremos los derechos humanos no serán un regalo otorgado sino una posesión reconocida. Día a día el gobierno asegurará la posibilidad de ser iguales o diferentes, de pensar lo mismo o de manera distinta. Y existirá una libertad cuya esencia es la participación en el poder; el poder para hablar y ser escuchados, para exigir y ser atendidos, para disentir y ser respetados. Aseguraremos la libertad –como diría George Orwell– para decirle a quienes gobiernan lo que no quieren oir. Pelearemos por la capacidad ciudadana de hacernos responsables del Distrito Federal y su destino. Para que ello ocurra será indispensable, como sugiere el Diagnóstico, garantizar que las políticas públicas se sustenten cabalmente en un enfoque de derechos humanos.

En la ciudad que nos urge crear, la pobreza no será una variable residual sino una preocupación central. Tomaremos acciones políticas y económicas para erradicarla, no sólo para aliviarla. Comprenderemos que ser pobre en México significa vivir en la ansiedad perpetua, en el hostigamiento permanente. La pobreza desmoraliza, llena de vergüenza, vuelve a los hombres invisibles. Declararemos una guerra incondicional y sin tregua contra ella. Tendremos la voluntad de hacerlo. Para que ello ocurra, como argumenta el Diagnóstico, habrá que mejorar la coordinación entre el gobierno federal y la zona metropolitana y diseñar políticas públicas integrales enfocadas a grupos de población específicos.

En la ciudad que queremos no habrá secretos guardados, información oculta, datos destruidos, contratos de segundos pisos reservados. No percibiremos la información como una concesión gubernamental sino como un derecho humano. La información será la moneda de nuestra democracia. La transparencia no será algo que el poder pueda conceder sino algo que el poder no pueda quitar. El gobierno tendrá la obligación –y la capacidad– de proveer respuestas para las preguntas que todavía no hemos hecho. Será imposible decir “no” a algún ciudadano que pida información sobre la gestión del delegado. Será imposible decir “no” a algún periodista que quiera saber el sueldo de un funcionario público. Será imposible decir “no” a quien desee saber cómo se asignan los gastos gubernamentales. Será imposible usar la opacidad para inhibir la transparencia.

La información será concebida como un vehículo de comunicación entre los ciudadanos y su gobierno; como parte del derecho al diálogo entre ambos. La información será el mejor antídoto contra la corrupción. Habrá un círculo virtuoso de vigilancia y a todos nos tocará –diariamente– jalarle la toga al emperador. Para que ése círculo funcione, será imperativo, como presenta el Diagnóstico, crear espacios efectivos para la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas públicas sobre derechos humanos.

En la ciudad que queremos el Poder Judicial será y se comportará como el vigilante de derechos y no como la instancia que los ignora. En esa ciudad por venir nuestros jueces protestarán contra la injusticia, defenderán a las víctimas, retarán las verdades establecidas. Serán voces de la conciencia. No se conformarán. Su deber moral será dual: entender la verdad y luchar por la justicia. En la ciudad que alcanzamos a ver, el privilegio no saboteará a la justicia. La ley se aplicará sin distinción de raza o clase o etnia o dinero. No será producto del tráfico de influencias, la presión de la opinión pública, o la conciliación de intereses políticos. El espíritu de la justicia se encontrará en cada corazón, en cada decisión, en cada Ministerio Público, en cada policía. La ley será un rasero universal y no un instrumento discrecional. Para ello, como insiste el Diagnóstico, habrá que modificar la tendencia inquisitorial del sistema penal.

La ciudad que queremos será una verdadera democracia: los hombres tendrán sus derechos y nada más; las mujeres tendrán sus derechos y nada menos. La violencia contra ellas será considerada como un crímen y no una respuesta merecida. Tendrán el derecho a preguntarse“¿quién soy?” Tendrán el derecho a elegir y ser elegidas, a votar y ser votadas, a ocupar puestos y a supervisar a quienes los ocupan. Serán la mitad de la población y deberán ser la mitad de la Asamblea. Deberán ser juzgadas como individuos y no como miembros de una clase, una cuota, una función social. En la ciudad que esperamos, las mujeres cargarán con la mitad del cielo y serán reconocidas por ello.

En la ciudad que podemos construir apoyaremos líderes no para regir sino para servir. Les entregaremos nuestra confianza para que representen nuestros intereses. Los jefes de gobierno no serán figuras totémicas sino inquilinos sexenales; los asambleístas no serán personajes omnipotentes sino recipientes temporales. Les delegaremos nuestra voluntad y los haremos responsables de acatarla. Tendremos derecho a vigilar cada paso que den y cada peso que gasten; tendremos derecho a vigilar cada decisión que tomen y la forma de instrumentarla; tendremos derecho a vigilar cada promesa de campaña y si la han cumplido. Vivirán sitiados por los ciudadanos a los cuales han aspirado a gobernar. Porque como reitera el Diagnóstico, habrá que cambiar el paradigma prevaleciente: aquel donde quien detenta el poder lo usa a conveniencia y no para cumplir con sus obligaciones.

Finalmente, en la ciudad que queremos, el gobierno entenderá los derechos humanos como una obligación codificada por el derecho internacional y los tratados nacionales y aprenderá a guiarse por ellos. Reconocerá que le corresponde no sólo darle cosas a la ciudadanía sino también cuidar y vigilar y promover al ciudadano como sujeto. Entenderá que más allá de lo establecido en el artículo 1o de la Constitución Política de México, la labor del gobierno no es sólo “otorgar garantías” sino también reconocer derechos ciudadanos. Y por ello, habrá pistas de hielo y museos nómadas y playas para nadar y también habrá acciones comprometidas del gobierno en favor de los derechos de quienes ni siquiera saben que los tienen.

En la ciudad con la cual soñamos, sabremos que la voluntad política de las autoridades sentadas aquí hoy se encamina a que gane el ciudadano y no el partido, el proyecto o el candidato o el movimiento. Y en ese momento, el Distrito Federal se convertirá –efectivamente– en la región más transparente del aire.

* Consejera de la CDHDF. Palabras pronunciadas por la autora durante la presentación delDiagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, el 7 de mayo de 2008.