Aristegui - Libertad De Expresion Frank La Rue (Relator De La ONU)

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Débil protección del Estado a periodistas

La ONU, la CIDH y ONG denuncian que la libertad de expresión está herida por el silencio y la inactividad oficial.

LILIANA ALCÁNTARA

EL UNIVERSAL

LUNES 20 DE JULIO DE 2009

LILIANA.ALCANTARA@ELUNIVERSAL.COM.MX

Miguel Ángel Villagómez, dueño del periódico La Noticia, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue secuestrado el 10 de octubre de 2008. Un día después, en Guerrero, apareció su cuerpo con la evidencia de seis impactos de bala en la espalda y el tiro de gracia. A la fecha se desconoce quién o quiénes fueron los autores de este homicidio.

El 13 de febrero, Yeni Yuliana Marchán y Jean Paul Ibarra viajaban en una motoneta por la lateral de la carretera Iguala-Chilpancingo, Guerrero, cuando fueron alcanzados por otra moto desde la cual les dispararon. Ibarra cayó con dos impactos y en el suelo recibió el tiro de gracia. Yeni resultó herida por tres balas. También se ignora quiénes son los responsables del ataque.

El gobierno federal atribuye 78% de los ataques contra la prensa a los particulares y al crimen organizado, pero los grupos defensoras de la libertad de expresión acusan a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser las responsables de al menos 49% de las agresiones.

José Luis Ortega, director editorial del diario Notisur de Coatzacoalcos, Veracruz, sufrió un accidente en marzo, cuando cayó en una fosa profunda al tratar de huir porque era perseguido por un ex regidor de la localidad, quien lo amenazó con una arma de fuego. En noviembre de 2008, el fotógrafo Israel García fue privado de su libertad por ocho horas por la policía federal en Baja California, luego de que capturó imágenes de varios vehículos de la corporación transitando por Mexicali.

Piden al Estado adoptar medidas

Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —y quien inicia hoy una visita informal a México— aclaró que sea quien sea el autor de esos ataques, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los periodistas e investigar estos hechos.

Ningún Estado puede argumentar el desorden público, el caos o la debilidad en el tema de seguridad para no cumplir con su obligación de garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas y darles acceso a todas la situaciones, destacó el experto de la ONU en una entrevista con KIOSKO.

Fiscalía, cortina de humo

El quinto informe periódico que presentó el gobierno en junio pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los avances en materia de libertad de expresión son la derogación en el Código Penal Federal de los delitos de calumnia, difamación e injuria; el acuerdo publicado por la PGR para garantizar a los periodistas su derecho a no revelar las fuentes de información y la creación, el 15 de febrero de 2006, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Brisa Maya, directora de Cencos, consideró que dicha fiscalía es una cortina de humo, pues resulta ineficaz desde el momento en que carece de autonomía, de las facultades y de los recursos que requeriría para afrontar esta situación.